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INFORMACIÓN PARA PERSONAS AUTÓNOMAS

A continuación se expone información relevante para personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas:

1. ¿Se va a poder disponer de una ampliación del plazo para el cumplimiento de las deudas tributarias?

Se aplaza el pago de las deudas tributarias correspondientes a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice entre el 13 de marzo y el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive.

2. ¿Cuál son las condiciones de aplazamiento del pago de las deudas tributarias?

La duración del aplazamiento es de seis meses, dentro de los cuales no se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

3 ¿Cómo hacen las personas autónomas que tienen empleados contratados? ¿Son asimilables a las empresas en términos de ERTEs?

Efectivamente, no existe ninguna diferencia en su tramitación, ni en sus consecuencias laborales o económicas.

4. Soy trabajador autónomo y, debido a la declaración del estado de alarma, he tenido que cesar mi actividad. ¿Existe alguna ayuda para compensar la pérdida de ingresos?

La norma establece una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por la declaración del estado de alarma, con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir del 15 de marzo, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, si éste se prolonga.

5. ¿Y si no ha llegado a cesar mi actividad, pero se ha visto seriamente afectada?

La misma prestación extraordinaria se establece cuando la facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

6. ¿Qué requisitos se exigen para acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad?

Ya se trate de cese de la actividad, o de reducción de la misma, el trabajador autónomo deberá estar afiliado y en alta en la fecha de declaración del estado de alarma (15 de marzo), y hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este último requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.

Además, en el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, deberá acreditarse la reducción de la facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

7 ¿A qué cuantía tendré derecho si percibo esta prestación extraordinaria?

La cuantía de esta prestación extraordinaria será del 70 por ciento a la base reguladora, y si no se acredita el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, del 70 por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

8. Qué duración tendrá la prestación extraordinaria?

La prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes.

El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

9. ¿Y si soy socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado, afiliado al RETA?

Tendrá igualmente derecho a esta prestación extraordinaria, siempre que se reúnan los requisitos mencionados.

10. ¿Y cuando se trate de socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y de sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social?

En este caso será de aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en lo relativo a los plazos para emitir la resolución por parte de la Autoridad Laboral y el informe por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que serán los señalados en el apartado anterior (cinco días).

11. ¿Qué pasa con los plazos en el ámbito tributario?

Los plazos de pago de la deuda tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes, y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.

Por otra parte, si dichos plazos se comunican a partir de la entrada en vigor de esta norma, se extenderán hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso resultará de aplicación éste último.

12. ¿Qué pasa con los contratos suscritos con la Administración?

Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor del Real Decreto ley 8/2020, celebrados por las entidades pertenecientes al sector público, cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o de las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse.

A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la suspensión.

Cuando, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público quede en suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. Se trata de los daños y perjuicios referidos a gastos salariales, gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, gastos de alquileres o mantenimiento, y gastos correspondientes a las pólizas de seguro.

La suspensión de los contratos del sector público según esta norma no constituirá, en ningún caso, una causa de resolución de los mismos.

13. Tras decretarse la situación de alarma, ¿cómo puede reunirse el órgano de administración de las sociedades mercantiles, incluidas las cooperativas?

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente, y deberán adoptarse así cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.

14. ¿Qué ocurre con el plazo de aprobación y depósito de las cuentas anuales?

El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de administración formule las cuentas anuales, queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha.

En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de administración ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

La asamblea general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes, a contar desde que finalice el plazo, para debatir y aprobar, en su caso, las cuentas anuales.

15. ¿Y si ya se había convocado la Asamblea General?

Si la convocatoria de la asamblea general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma, pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad.

En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.

16. ¿Puede causar baja una persona socia durante la vigencia del estado de alarma?

Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.

El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.

17. ¿Y si transcurre el término de duración de la sociedad durante la vigencia del estado de alarma?

En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho hasta que transcurran dos meses a contar desde que finalice dicho estado.

18. ¿Puede acordarse la disolución de una sociedad durante la vigencia del estado de alarma?

En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la asamblea general a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.

19. ¿Qué ocurre si la empresa debe declararse en concurso de acreedores?

Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior.

Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo establecido por la legislación concursal.

20. ¿Existe alguna medida más de apoyo a las pymes?

El anexo del Real Decreto–ley se refiere resumidamente al plan ACELERA PYME, con medidas de apoyo para acelerar el proceso de digitalización de las pymes desde el asesoramiento y la formación; medidas de apoyo a creación de soluciones tecnológicas para la digitalización de las pymes; y medidas de apoyo financiero para la digitalización de las pymes.

directortrabajo@madrid.org Para consultas sobre temas sociolaborales, Registro de la Dirección General de Trabajo y SMAC.

coordinación.oficinas@madrid.org Para consultas sobre las oficinas de empleo.

 

También existe una GUÍA DE MEDIDAS APLICABLES A AUTÓNOMAS Y AUTÓNOMOS